//RECHAZA AMDA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE CONTRABANDO ANUNCIADO POR AMLO

RECHAZA AMDA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE CONTRABANDO ANUNCIADO POR AMLO

La AMDA solicitó audiencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con objeto de analizar las repercusiones de la regularización de vehículos ilegales que anunció el 27 de junio en Baja California.

Mediante un oficio dirigido al Titular del Ejecutivo refirieron que “la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011.

”Es importante anotar que la importación de vehículos usados es factible realizarse de conformidad al DECRETO por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado por sus instrucciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos, es un delito que beneficia a organizaciones criminales.

En lo que respecta a la utilización de vehículos en los actos criminales es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso.

Es fundamental recordar que la importación es permitida cuando se cubren los requisitos previstos por la Ley, sin embargo, se convierte en un grave problema para el mercado interno y para los propietarios de un vehículo en regla cuando los vehículos usados introducidos a territorio nacional presentan pésimas condiciones mecánicas. Los autos catalogados por las aseguradoras estadounidenses como salvage, pérdida total o chatarra, no pueden seguir siendo introducidos al mercado mexicano por elemental seguridad además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros. Si bien la movilidad eficiente y segura es un derecho de cualquier ciudadano, es un falso dilema considerar que sólo mediante la posesión de un vehículo particular se puede garantizar dicho derecho, aún a costa de la violación sistemática y concertada de la ley.

La regularización de vehículos ilegales afectará en primer término el patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización. Por ello es necesario contar con un Registro Público Vehicular eficiente y moderno, asignatura pendiente en el país en virtud de la obsolescencia tecnológica e insuficiencia jurídica del REPUVE, así como el cumplimiento estricto de la prohibición para circular sin placas de identificación.

La legalización del contrabando sólo dará pauta a la exacerbación del fenómeno, por eso es imprescindible atacar el problema de la presencia de vehículos ilegales en determinadas zonas del país, a través del cumplimiento de las leyes vigentes planteadas para velar por el bien común de las y los mexicanos. La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando será la oportunidad para incrementar la basura automotriz circulando en nuestro país, y para introducir tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente. Esto ha ocurrido en los procesos anteriores y es previsible que suceda nuevamente ante el ofrecimiento de condiciones laxas en comparación con las contempladas en el Decreto arriba referido y las Reglas Generales de Comercio Exterior que lo complementan.

Coincidimos con lo anotado en las Consideraciones que se incluyen en el DECRETO por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, en particular cuando se cita la Jurisprudencia 2a./J.3/2013(10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que “se concluyó que es improcedente conceder la suspensión contra la aplicación del citado Decreto, dado que la citada medida cautelar no puede tener el efecto de permitir la importación de vehículos usados al territorio nacional sin respetar las regulaciones y restricciones establecidas por el presidente de la República en dicho Decreto, ya que el Estado Mexicano está interesado en que no se afecte la economía nacional mediante la introducción indiscriminada de vehículos realizada por personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos por el Ejecutivo Federal, de ahí que se afectaría en un grado mayor a la colectividad con la concesión de la medida”.

Reportera especializada en el área de negocios en la Comarca Lagunera desde 1993 a la fecha, tiempo en el cual se han entrevistado a empresarios de varios sectores productivos, de instituciones educativas, investigadores y de gobierno relacionados con el sector empresarial regional. El acercamiento con asociaciones civiles y ecológicas han abierto una puerta para publicar sus actividades que realizan en bien de las comunidades y de la sociedad lagunera, al igual que el desarrollo de productos artesanales y con valor agregado para su comercialización dentro y fuera del país.